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García Ortiz a punto de que lo impute el Supremo tras tumbar su recurso el Tribunal Superior de Madrid

La Sala también tumba el recurso de la fiscal María Pilar Rodríguez Fernández que pedía el archivo

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está a un paso de ser imputado por el Tribunal Supremo tras tumbar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los recursos del Ministerio Público y de la fiscal María Pilar Rodríguez Fernández contra la presunta revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, Alberto González Amador.

Según dos escritos a los que ha tenido acceso este periódico, la Sala de lo Civil y lo Penal ha desestimado el recurso del Ministerio Fiscal en el que solicitaba que se ampliasen las pruebas a practicar en la investigación y la petición de la fiscal Rodríguez Fernández -a través de la Abogacía del Estado- para que se archivase la causa. Se trata del paso previo para que el Supremo decida si debe imputar o no a Álvaro García Ortiz. El Supremo también está a la espera del informe de la Fiscalía sobre su posición en este asunto.

La difusión de una nota de prensa aclaratoria sobre la investigación judicial que se estaba llevando a cabo sobre el novio de Ayuso sigue investigándose en los tribunales a raíz de las denuncias interpuestas por la defensa de González Amador y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). El TSJ de Madrid ha encontrado indicios de criminalidad en estas actuaciones, por lo que ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue a Álvaro García Ortiz por estos hechos en su condición de aforado.

La Fiscalía trató de frenar este movimiento interponiendo un recurso en el que señala que durante la investigación se han «omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas por el Ministerio Fiscal». Es decir, quería que se realizasen más pruebas.

La Sala admite que se ha dejado de dar respuesta expresa a las diligencias solicitadas por la Fiscalía, pero señala que «implícitamente su petición no queda sin respuesta, en la medida en que dicha resolución no implica, de momento, un archivo de las diligencias de investigación, sino que éstas siguen vivas en esta sede del TSJM, al menos hasta que resuelva la Sala Segunda del Tribunal Supremo».  Matizan que en caso de que el Tribunal Supremo no admita la petición de investigar a Álvaro García Ortiz, la causa seguirá estudiándose en el Tribunal Superior de Justicia madrileño.

«La resolución y, en su caso, tanto la admisión o inadmisión de las diligencias de prueba que interesa el Ministerio Fiscal, por parte de este instructor, resultaría precipitada, dado el estado en que se encuentra el procedimiento, a la espera de si la Sala Segunda del Tribunal Supremo asume la competencia, pues podría ser el criterio del órgano superior contrario —y desde luego prevalente— al de quien provee, y, por otra parte, podría dar lugar a que su admisión y práctica, en el caso de estar pendiente la asunción de competencia por el Alto Tribunal, por poder afectar a un aforado suyo, a que se creara un espacio procesal de indefensión para éste, al no poder intervenir en su práctica», argumenta la Sala en una resolución a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

«Conceptos oscuros»

La Fiscalía también pidió que se aclarasen «conceptos oscuros o erróneos» que a su juicio se han producido durante la investigación. La Sala tumba esta petición y argumenta que se trata de un recurso de reforma encubierto, ya que incide en cuestiones de fondo.

«La investigación desarrollada, con el resultado que obra en las actuaciones, no han desvirtuado dichos indicios de criminalidad, incluso, sin la intención de hacer una calificación típico penal concluyente, se mantendrían a partir de las propias manifestaciones de Álvaro García Ortiz, que por mor de su aforamiento ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, hace necesario que sean examinadas y eventualmente calificadas por dicho Alto Tribunal», concluye el tribunal defendiendo su investigación sobre la cúpula del Ministerio Público.

Tumban el archivo

La Abogacía del Estado también ha tratado de frenar la causa representando a la fiscal María Pilar Rodríguez Fernández y pidiendo que se archivará en su caso. Argumentaron que la representante del Ministerio Público no participó en la redacción y difusión de la nota de prensa y que el escrito no tiene relevación penal. La Fiscalía apoyó la petición que el TSJM también ha tumbado.

«Los hechos investigados mantienen, con el resultado de las diligencias instructoras, pese a las consideraciones del Ministerio Fiscal y la defensa de la recurrente, indicios de criminalidad», expone la Sala. Y prosigue: «No compartimos la alegada ausencia inane de participación de la recurrente en los hechos denunciados.

El propio escrito de recurso pone de relieve que la recurrente tuvo una actuación directa inicial en relación con las diligencias de investigación, en sede de la Fiscalía. Interviene ordenando al fiscal Julián Salto, la remisión urgente de las diligencias de investigación llevadas a cabo, con el fin de remitirlas a la Fiscalía General del Estado, a fin de elaborar una nota informativa. Se le pide, a tal efecto, que compruebe la exactitud de los datos remitidos y su reflejo en la nota informativa, lo que así hace».

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